Por un Protagonismo más activo del Juez en la Valoración de la Prueba Pericial.

M.R. Jouvencel

1. Introducción

Desde algunos sectores de la doctrina jurídica se han reprochado comportamientos que a veces se observan en la práctica procesal, ligados a lo que se ha denominado, con más o menos exactitud, “el desprecio de los hechos”. MUÑOZ SABATÉ lo recuerda con la siguiente reflexión: “hasta el presente la ciencia del derecho ha dedicado su atención preferentemente a los conceptos, olvidándose a menudo de los hechos, cuyo estudio sigue relegado a segundo término”. El mismo autor trae a colación opiniones de destacados tratadistas, como CARNELUTTI, cuando escribió que “una curiosidad de la ciencia del derecho es que todos los juristas hablan continuamente del hecho jurídico, pero ni uno solo se preocupa de explicar al lado del adjetivo jurídico el sustantivo, el hecho, que lo sostiene” o SENTIS MELERO, con brevedad y contundencia, afirma que “necesitamos jueces factistas más que juristas”.

Y la cuestión fáctica constituye la piedra angular sobre la cual se ha de aplicar el derecho, esto es, el hecho es el hilo conductor que ha de servir para fundamentar en derecho.

Cuando el ciudadano reclama tutela judicial, o en una fase previa a cualquier diligencia, o ya inmersos en las mismas, o cuando al abogado el potencial litigante, o ya litigante, se aproxima a su bufete requiriendo sus servicios, como hombre normal de la calle, en todas estas situaciones, no viene en general, y ahora en particular, exponiendo cuestiones jurídicas, sino que a través de su relato, en su forma de entender la realidad que le inquieta, apremia o angustia, plantea posiciones de hecho, aunque, evidentemete, quiera saber que clase de amparo jurídico le dispensa la Ley, dentro del paraguas del ordenamiento legal.

Para la aplicación de ese ordenamiento jurídico se ha de partir de unos hechos, y tales hechos, en su trascendencia legal, deben de ser conocidos en profundidad por el juez, con suficiencia, ministerio fiscal en su caso, abogado, evaluando los unos y los otros el perfil de la situación fáctica referida, en la manera que pueda cumplir unos requisitos mínimos, siempre de hecho, para entablar una razonable reclamación y poderle dar una respuesta.

2. Matizaciones

Claro que sobre lo apuntado convienen algunas precisiones. Realmente cabe preguntar si hay un “desprecio de los hechos” o en el fondo en lo que se quiere incidir y poner en cuestión es en el cómo se valoran los hechos.

La práctica forense diaria pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los asuntos que se plantean en las distintas jurisdicciones versan sobre cuestiones de prueba (hechos), y ya en menor número se requiere el fallo judicial para interpretaciones netamente jurídicas, estando de antemano las partes en litigio de acuerdo con los hechos, siendo pues el objeto del pleito una discusión estrictamente jurídica, en la forma en como hay que aplicar la Ley. Ejemplo, interpretación jurídica en materia de intereses, intereses hipotecarios, etc., o, ya más próximo al terreno médico, momento en que se empieza a contar el plazo para reclamar judicialmente por secuelas derivadas de un accidente: un año a partir del alta médica o, según otras posiciones, un año desde la fecha del accidente (dies a quo, dies a quem).

Cierto también que la ciencia jurídica no es una ciencia de hechos, sino una ciencia del DERECHO. Igualmente cierto que una cosa es la consideración del hecho en términos generales, vulgares o profanos y otra el sentido que hay que imprimirle el hecho desde la perspectiva jurídica, tanto hay que hacer una neta distinción entre el hecho vulgar y el hecho jurídico, de modo que el concepto de hecho ha de ser manejado con cautela, pero sin que eso lleve al extremo de buscar parapetos mediante ejercicios de abstracción, preciosismos, y otros atildamientos, que hubieran de situar la cuestión fuera de los intereses y de la realidad social en cada momento histórico.

3. Los hechos en el ámbito pericial

Dentro del marco de la práctica o empirismo procesal se entiende perfectamente lo que se quiere decir cuando se alude al “desprecio de los hechos”, lo cual en definitiva aboca la discusión a la aplicación de la JUSTICIA, y, desgraciamente, con plena vigencia actual (es necesario, en atención al problema, introducir el pleonasmo).

Cuando SENTIS MELERO expresa que “necesitamos jueces factistas más que juristas” enseguida no pocos dan por supuesto que simplemente quiere decir que “necesitamos JUECES”, afirmación que para unos ha de acentuarse en torno a la calidad, y para otros en torno a la cantidad, pues sin duda la JUSTICIA ha de dotarse de medios y a sus funcionarios del imprescindible sosiego para que puedan actuar con acierto y cordura. “Los jueces españoles resuelven más de un asunto diario, según el CGPJ –Consejo General del Poder Judicial– dictando una media de 450 sentencias anuales” (Diario de Noticias, LA LEY, 23-29/junio/2003). Pero, de todos modos, Jueces que entiendan, que comprendan los problemas del ciudadano, mostrando capacidad operativa en sus resoluciones. Otro tanto, ahora en concreto, se puede decir desde la perspectiva de la practica pericial médica, que en definitiva es hacia donde va dirigido este artículo.

“Hecho jurídico” es “el que tiene consecuencias jurídicas”, y “hecho probado” “el que como tal se declara en las sentencias por los tribunales y es base para las apreciaciones jurídicas”.

Jueces, fiscales, abogados precisan tener los conocimientos suficientes en materia de hechos para el desempeño de su función. Frente al dictamen de peritos, llegado el momento, los defensores de las partes, así como también los que han de juzgar, precisan ilustrarse en campos concretos, como en las causas que tiene relación con la medicina, cuando su discusión ha de llevarse al foro (medicina forense) entendiendo como “foro” el lugar donde se debaten las causas.

El abogado, que por razones de oficio ha de dar muestras de audacia, debe saber enfrentarse a los planteamientos del perito, sabiéndolo interpelar, buscando sus debilidades y carencias, lo que sin duda añadirá brillantez a su actuación. El mismo abogado si bien no dispone de los conocimientos periciales, tiene sin embargo, y en general, mayor capacidad dialéctica, hasta el extremo de que en algunos casos pueda ser capaz de arrinconar al perito o peritos desleales en el ejercicio de su cargo, anémicos en vergüenza. Por su parte el juez, en este regate dialéctico, es conveniente que tome una posición atenta, a veces más activa, no manteniéndose como mero espectador desde su posición arbitral.

El maestro CARRARA, citado por SILVA MELERO, en su momento rectificó su pensamiento sobre la libre apreciación de la prueba por le juez, tanto que postuló “una reforma radical de la pericia”, propugnando una especie de jurado supletorio, compuesto de hombres de ciencia.

Tal planteamiento si bien venía referido a la esfera penal, puede no obstante tenerse en cuenta para su aprovechamiento en otras jurisdicciones, con más o menos restricciones en atención al tipo de causas, o buscando específicas aplicaciones, todavía más invocando el criterio de STEIN al entender que “la libertad de apreciación de la prueba del juez está en razón inversa a los progresos de la ciencia”, como puede suceder cuando haya que desentrañar complejas cuestiones médicas, lo cual puede conocer varias proyecciones, todas muy discutibles, entre otras la del jurado técnico, pero que de cualquier modo deben de tomarse en consideración, aunque sólo sea a título reflexivo.

4. Actitud y disposición de ánimo del Juez en la apreciación de la prueba

Para una correcta apreciación de la prueba, el juez debe implicarse activamente en este ejercicio, requiriéndole insistiendo en lo dicho, una actitud en consonancia con la situación en la que está inmerso, una disposición de ánimo, tanto que esa facultad legal de libre apreciación de la prueba por parte del juzgador no puede quedar reducida a estimarla o no estimarla, sin más deliberación interna que la que descansa simplemente en el manido argumento de la supuesta (presupuesta) “mayor imparcialidad”, “objetividad” del dictamen oficial de que se trate, condiciones necesarias pero no suficientes, actuación viciosa que lleva implícito el riesgo, entre otros, de inclinar a alguno hacia el disparate, hasta persuadirle de la infalibilidad del médico forense. Y sobre la tierra, dicen, sólo hay un hombre infalible, bajo el manto de su Cielo protector.

Tales informes, los unos y los otros, en no pocos casos cobran atrevimiento precisamente desde ese exceso de confianza que jueces y tribunales han depositado en ellos, abuso que cuando se torna en tiranía contribuye a crear un clima forense que propicia el ninguneo de esos mismos jueces y tribunales, lo que a su vez se cobra en descrédito de la Justicia.

Si duda el grado de fiabilidad que puede merecer un dictamen pericial vendrá ligado a los elementos y datos que el perito hubiera seleccionado para emitir su opinión técnica – cantidad, calidad – pues “un notorio déficit de estos perjudicará la valoración de la prueba” (MUÑOZ SABATÉ), tanto que se ha de tener en cuenta que “la escasez de elementos con los que hubo de contar el perito para emitir su dictamen induce a dudar de su resultado” (st. TS 26.10.59, citada por autor referido). Quiere esto decir que se ha de prestar atención a la sustantividad del informe pericial, su calidad, objetividad y contundencia, tomando en consideración “cuál es método científico empleado, qué grado de desarrollo ha alcanzado la ciencia, arte o técnica utilizadas; si las conclusiones son indecisas o categóricas, etc.” (CLIMENT DURANT).

El juzgador, pues, ha de dar muestras de un afán por entender y comprender el planteamiento técnico aducido, con decisión y coraje, lo cual a su vez será un reflejo de su altura y nivel profesional, teniendo además, como tiene, medios procesales para ello. Obviamente el perito ha de saber expresarse adecuadamente, tener capacidad de comunicación bastante como para que actuación resulte eficaz en la clarificación de los hechos. Pero no siempre sucede así.

En el curso de la prueba en no pocas ocasiones el perito no logra trasmitir útilmente lo que quiere decir, bien por su torpeza en las explicaciones, bien por la complejidad del asunto sometido a prueba,

de modo que no llega a impactar en el registro mental de sus destinatarios, entre ellos el juez, carencia que requiere todavía más una intervención judicial activa y clarificadora.

5. La motivación de las sentencias

Sin los ingredientes previos difícilmente podrá cumplirse con diligencia la obligación constitucional de motivar las sentencias (art. 120.3 Constitución Española), a la vez que “la obligación de motivar es, en la mayor parte de los ordenamientos modernos, un elemento definitorio de la función judicial”; “si el pueblo es el titular de la soberanía, el ejercicio del poder judicial (las sentencias) deben legitimarse mediante una justificación racional (motivación) susceptibles de ser comprendidas y valorada críticamente por la ciudadanía”; “sólo una motivación de esta henchura es la condición para el control democrático sobre la administración de justicia” (IGARTUA SALAVERRIA).

La LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial, 01.07.85) contempla la posibilidad de devolver la causa al tribunal inferior ante la falta de motivación (art. 248-3). “Frente a un dictamen pericial que el juez estima erróneo, no puede este último imponer su opinión sic volo sic iubeo (así lo quiero, así lo mando), sino que debe forzosamente argumentarla” (MUÑOZ SABATÉ); añade el autor: “y sin embargo todos sabemos que en la praxis forense constituye uno de los deberes más negligidos, y acaso uno de los defectos de más difícil desarraigo”, al mismo tiempo que aborda la cuestión de La Crisis de la motivación de las resoluciones judiciales, “fenómeno que cada día se ve más acentuado en el foro”, a su vez que propone, lege ferenda, “introducir alguna forma de control jurisdiccional sobre la falta o la insuficiente motivación, como ya existe en otros ordenamientos”.

Igualmente, una actitud y disposición de ánimo del Juez en la apreciación de la prueba en los términos expuestos, de servicio público, requiere, sin duda, una entrega laboriosa y notable, un esfuerzo intelectual, “un esfuerzo para superar ese sentimiento de vulgaridad del hecho” (MUÑOZ SABATÉ), lo que no es otra cosa que apreciar el hecho, en términos generales (profano, vulgar, si se quiere), en su trascendencia legal, labor genuinamente jurídica, esfuerzo aplicado al ejercicio de la importante función de juzgar, soberana e independiente, sí, pero al mismo tiempo íntimamente vinculada a un compromiso social consciente y responsable. De lo contrario habrá que decantarse por opiniones como las que entienden que “en el ámbito de la doctrina científica, el principio de la libre valoración de la prueba recibe severos calificativos, identificándolo como corruptela judicial que atenta contra la tutela judicial efectiva” (CORTÉS DOMINGUEZ, en Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo del Poder Judicial, 1992), lo que inevitablemente lleva aparejado el desánimo profesional, la decepción de los abogados y el sufrimiento ajeno.

© MR Jouvencel, noviembre/2003

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